En respuesta al alarmante aumento de la violencia y el uso de armas de fuego en asaltos, robos y homicidios, el Gobierno cubano aprobó dos nuevos decretos leyes para fortalecer el control y la fiscalización de estos medios letales. La medida, adoptada en una sesión del Consejo de Estado, busca reforzar las regulaciones existentes, aunque las autoridades no han publicado aún el contenido exacto de las normas.
La Asamblea Nacional justificó la decisión en «la atención prioritaria que el Estado Revolucionario otorga a la seguridad», alineándose con resoluciones de la ONU sobre el control de armamento. Sin embargo, la decisión se produce en un momento en que la crisis económica y social en la isla ha disparado los índices de criminalidad, dejando a la población cada vez más vulnerable.
Además de estos decretos, el régimen modificó el Decreto Ley 344, relativo al régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), con el objetivo de “perfeccionar” la protección en este sector.
Militarización y control sobre la población
Las nuevas regulaciones llegan después de que, en 2024, el Ministerio de las FAR declarara como áreas militares diversas zonas agropecuarias, urbanas y rurales, permitiendo el uso de armas de fuego para su resguardo. Esta militarización de espacios productivos ha generado críticas sobre el creciente autoritarismo del régimen y su control sobre la población.
Paralelamente, la Aduana General de la República informó sobre un aumento en la detección de armas ilegales intentadas ingresar al país, aunque no ofreció cifras concretas. Mientras tanto, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ha intensificado las detenciones por posesión ilícita de armamento, como en el caso reciente de Dioscórides Rosales Cabrera, arrestado en Cárdenas, Matanzas, con una escopeta sin registrar.
Creciente criminalidad y aumento del uso de armas de fuego
La crisis de seguridad en Cuba ha quedado expuesta con el reciente asesinato de Osmany Trujillo Guevara, un custodio de la Empresa Mayorista de Alimentos de Camagüey, quien recibió un disparo en un intento de robo. Este caso es uno de los múltiples episodios de violencia registrados en los últimos meses.
Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en 2024 se reportaron 1.317 delitos, un aumento del 50,72% en comparación con 2023. Aunque los datos solo reflejan incidentes documentados por medios independientes y redes sociales, se considera que representan una fracción de la verdadera magnitud del problema, debido a la falta de transparencia del Gobierno.
José Manuel González Rubines, investigador de la iniciativa Cuba Siglo 21, advirtió que el incremento en el uso de armas de fuego es notable en delitos como asaltos y robos, aunque en homicidios siguen predominando armas blancas, más accesibles en el contexto cubano.
Mientras la violencia y la inseguridad se disparan, el régimen responde con más restricciones y militarización, sin ofrecer soluciones reales a la crisis económica y social que alimenta el auge de la criminalidad.