El mercado negro de documentos en Cuba ha encontrado un nuevo filón: la ciudadanía española bajo la Ley de Memoria Democrática, también conocida como Ley de Nietos. Un reportaje del medio español La Región expone cómo aumentan los casos de falsificación de certificados religiosos exigidos para acreditar vínculos con antepasados españoles, una práctica que pone en alerta a las autoridades tanto en España como en la isla.
La denuncia parte del Archivo Histórico Diocesano de Ourense, en Galicia, una institución clave en el proceso, que ha notado un crecimiento inusual en las solicitudes provenientes de Cuba. Pablo Cid, responsable del archivo, confirmó que se han detectado documentos adulterados vendidos por sumas que oscilan entre 2.000 y 3.000 euros en el mercado negro. “Nos empezaron a exigir papeles con firma del vicario, lo que nos pareció sospechoso. Luego descubrimos que los estaban falsificando”, declaró.
Además de los falsificadores, proliferan intermediarios y abogados que cobran hasta 300 euros por trámites que el archivo ofrece de forma directa por apenas 10 euros. “Es un abuso que explota la desesperación de muchas familias cubanas”, señaló Cid.
La situación se agrava ante la proximidad del vencimiento del plazo de la Ley de Memoria Democrática, que concluye en octubre de este año. Esta ventana legal ha generado una avalancha de solicitudes, sobre todo en países como Cuba y Argentina, donde miles de personas ven en la nacionalidad española una vía de escape a la crisis económica y social que asfixia a sus naciones.
En el caso cubano, donde la precariedad del sistema documental y los años de abandono institucional complican la obtención de certificados auténticos, la presión sobre archivos como el de Ourense es descomunal: hasta 50 solicitudes diarias son procesadas. Sin embargo, no todos los documentos son localizables. Algunos registros fueron destruidos por incendios, como en Trasmiras y Barbadás, o siguen dispersos en parroquias rurales con escasa actividad.
El archivo gallego custodia más de 12.000 libros parroquiales con registros de hasta cinco siglos de antigüedad. Pero la escasez de documentos verificados del siglo XX y la demanda desbordada desde Cuba revelan una problemática que va más allá de la simple burocracia: el drama de una sociedad que busca emigrar a toda costa y que, en ese intento, alimenta una red de corrupción y estafas en torno a su historia familiar.
Las autoridades españolas ya investigan los casos detectados, mientras desde Galicia se lanza una voz de alarma: el uso indebido de documentos históricos amenaza no solo la integridad del proceso, sino también el valor patrimonial de archivos clave para la memoria colectiva.