En una decisión sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, impuso este viernes sanciones a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por su implicación en graves casos de corrupción durante su mandato. La medida incluye también al exministro de Planificación, Julio De Vido, y se traduce en la prohibición de ingreso al país norteamericano, extendiéndose a varios de sus familiares directos.
Según un comunicado oficial emitido por el secretario de Estado, Marco Rubio, tanto Kirchner como De Vido “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse de múltiples esquemas de soborno vinculados a contratos de obras públicas, lo que derivó en el desfalco de millones de dólares del erario argentino”.
La sanción también alcanza a los hijos de la exmandataria, Máximo y Florencia Kirchner, lo que refleja el alcance del castigo diplomático aplicado por Washington. Esta es la primera vez que EE.UU. sanciona a un expresidente argentino por causas de corrupción, marcando un fuerte precedente en las relaciones bilaterales.
El comunicado enfatiza que las acciones de Kirchner y De Vido “minaron la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro del país”. Asimismo, Rubio reiteró que Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes utilicen el poder público para enriquecerse a costa del pueblo.
La decisión se da en un contexto regional en el que Donald Trump mantiene una estrecha sintonía con el actual presidente argentino, Javier Milei, a quien considera un aliado clave y modelo de liderazgo para América Latina. Mientras tanto, Fernández de Kirchner, quien aún conserva una fuerte presencia política en la oposición, criticó duramente la medida, acusando a Washington de intervenir políticamente en asuntos internos.
La sanción contra Kirchner añade presión a una figura que ya enfrenta múltiples condenas judiciales en su país y que representa uno de los símbolos más controvertidos del kirchnerismo, un movimiento acusado reiteradamente de prácticas corruptas y malversación de fondos públicos.
Esta decisión de Washington refuerza la narrativa de una nueva era diplomática con tolerancia cero frente a la corrupción en América Latina, alineada con los intereses estratégicos de EE.UU. y con la política exterior impulsada por la administración Trump.