Donald Trump y su equipo afinan un polémico acuerdo para que el Servicio de Rentas Internas (IRS) colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la localización de inmigrantes indocumentados con una orden final de deportación, según reveló un reporte exclusivo de The Washington Post.
La medida, que carece de precedentes recientes, permitiría que ICE envíe al IRS los datos de ciertos migrantes con el fin de cruzarlos con la información fiscal que estos hayan entregado al presentar impuestos. Hasta ahora, los datos proporcionados al IRS estaban fuertemente protegidos por la Sección 6103 del Código de Rentas Internas, que prohíbe su uso para fines migratorios.
De acuerdo con el borrador del acuerdo, ICE no accedería directamente a las bases de datos del IRS, lo cual podría evitar violaciones legales directas. Sin embargo, la iniciativa ha generado gran preocupación entre expertos legales e instituciones de derechos civiles debido al posible uso de información tributaria para fines de deportación, una maniobra sin precedentes y de enorme sensibilidad jurídica y ética.
Solo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, o el director interino de ICE, Todd Lyons, podrían solicitar estos cruces de información. Las solicitudes incluirían nombre, dirección y detalles de la orden de deportación del migrante, con el fin de verificar su identidad.
La propuesta surge tras un intento fallido, semanas atrás, en el que el DHS pidió al IRS las direcciones de aproximadamente 700,000 personas en situación migratoria irregular. En ese entonces, el IRS rechazó la solicitud, aunque poco después hubo un cambio en su liderazgo.
Grupos como el American Immigration Council advierten que el uso de datos del ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), utilizado por millones de indocumentados para cumplir con sus obligaciones fiscales, podría representar una traición a la confianza que durante años el gobierno federal ha promovido entre esa población.
Solo en 2015, más de 4.4 millones de personas con ITIN pagaron más de $23,600 millones en impuestos, según datos oficiales. Muchos de ellos lo hicieron bajo la promesa de que su información no sería compartida con agencias migratorias.
Expertos de la Universidad de Nueva York subrayan que incluso la inspección no autorizada de datos fiscales puede constituir un crimen federal. Las protecciones legales son tan estrictas que ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede acceder a estos datos sin justificación legal específica.
El aparente giro del IRS hacia la cooperación con ICE bajo la administración Trump pone en entredicho décadas de política tributaria que buscaba separar el cumplimiento fiscal del sistema migratorio, y abre un peligroso precedente en el uso de la información fiscal como herramienta de persecución migratoria.
El acuerdo, de concretarse, podría convertirse en una de las maniobras más agresivas de la administración Trump en su ofensiva contra los inmigrantes, sin distinguir entre quienes tienen antecedentes criminales y quienes no.