La administración de Donald Trump ha dado un giro drástico en su política energética hacia Venezuela, cancelando las licencias otorgadas a varias multinacionales que operaban con la estatal PDVSA. Entre las empresas afectadas se encuentran la española Repsol, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom, la india Reliance Industries y la estadounidense Global Oil Terminals.
Estas compañías habían recibido licencias especiales bajo la presidencia de Joe Biden como excepciones a las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, tras el reciente anuncio de un arancel del 25% a compradores de petróleo y gas venezolano, muchas ya habían detenido sus importaciones antes de la revocación formal.
En el caso particular de Repsol y Reliance, ambas empresas habían solicitado nuevas autorizaciones para continuar operando en Venezuela sin infringir las sanciones estadounidenses, amparándose en su gran presencia comercial en el país norteamericano. A pesar de ello, se les ha concedido solo hasta finales de mayo para liquidar sus actividades en la nación sudamericana.
La medida se suma al plazo que ya enfrenta Chevron, la única petrolera estadounidense aún activa en Venezuela, cuya licencia expira el 27 de mayo. Con esta decisión, la Casa Blanca busca reforzar su estrategia de aislamiento económico contra Maduro, cuyo régimen es acusado de corrupción, violaciones de derechos humanos y represión sistemática.
La jugada también tiene un trasfondo migratorio: el dictador venezolano ha rechazado colaborar con la repatriación de ciudadanos deportados desde EE.UU., un elemento que ha complicado aún más las relaciones bilaterales.
Según datos oficiales, Venezuela exportó 910.000 barriles diarios de crudo en febrero, superando los 867.000 de enero. China fue el principal destino con 503.000 barriles diarios, seguida por Estados Unidos con 239.000, lo que representa un descenso del 19% respecto al mes anterior.
Esta nueva escalada de sanciones amenaza con profundizar la ya crítica situación económica en Venezuela, mientras aumenta la presión internacional sobre un régimen que continúa aferrado al poder a pesar del colapso interno del país.