Una jueza federal en Estados Unidos ha ordenado la suspensión temporal de la eliminación del programa de parole humanitario (CHNV), que ha permitido el ingreso legal de más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, en un fallo que cuestiona duramente el proceder de la actual administración de Donald Trump.
La magistrada Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, dictó este lunes una medida cautelar que bloquea la revocación masiva de permisos migratorios sin la debida revisión individual, como exige la ley. La decisión responde a una moción de emergencia presentada por los beneficiarios del programa ante el intento de desmantelamiento promovido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde enero de 2025.
«No es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país», sentenció Talwani, quien además recalcó que estas personas enfrentan una “disyuntiva angustiosa”: abandonar el país voluntariamente o esperar su expulsión forzosa.
El fallo ordena a USCIS suspender de inmediato todas las notificaciones electrónicas de revocación enviadas a los beneficiarios del programa, y pone en pausa la medida hasta que exista una nueva orden judicial. La jueza también criticó la falta de justificación legal por parte del DHS y cuestionó su interpretación del marco normativo migratorio.
El programa CHNV, implementado por la Administración Biden en 2022, otorgó permisos temporales de dos años a migrantes con patrocinadores legales, permitiéndoles trabajar legalmente y solicitar ajuste de estatus. Hasta finales de 2024, el programa había beneficiado a más de 110,000 cubanos, 211,000 haitianos, 93,000 nicaragüenses y 117,000 venezolanos.
El intento de cancelación del parole fue uno de los primeros actos del presidente Trump tras asumir su nuevo mandato el pasado 20 de enero. La administración argumentó que la política fue utilizada de forma indiscriminada para facilitar la entrada de migrantes, lo que justificaba —según ellos— su revocación inmediata a partir del 24 de abril de 2025.
Sin embargo, la jueza Talwani determinó que no se había presentado “ninguna razón sustancial” que justificara una acción tan drástica sin evaluar las circunstancias individuales. Su decisión representa un respiro temporal para miles de familias, pero no garantiza la permanencia del programa.
El futuro del parole humanitario CHNV sigue en suspenso. La batalla legal apenas comienza y podría prolongarse durante meses, mientras se debate hasta qué punto el poder ejecutivo puede revertir unilateralmente una política migratoria que ha marcado un precedente para la región.
En resumen, la resolución judicial pone freno, al menos de forma momentánea, al intento de anular derechos ya adquiridos por miles de migrantes, subrayando la necesidad de garantizar el debido proceso ante cualquier cambio de estatus en materia de inmigración.
