La dictadura cubana ha oficializado la extinción del Instituto Nacional de Seguridad Social, en un nuevo intento por reducir sus responsabilidades directas ante el creciente colapso del Estado de bienestar en la Isla. Esta medida, establecida mediante el Decreto Ley 95 publicado en la Gaceta Oficial en marzo de 2025, descarga sus funciones sobre las filiales municipales y provinciales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en una clara estrategia de descentralización sin garantías.
El régimen traslada ahora el peso de la seguridad social a estructuras locales, muchas veces desbordadas, desfinanciadas y carentes de personal capacitado, dejando en una situación aún más precaria a los más de 1.7 millones de beneficiarios actuales. Esta decisión implica no solo una reorganización burocrática, sino una pérdida de jerarquía institucional, de control centralizado y de capacidad de respuesta ante emergencias sociales.
Según cifras oficiales, más del 39% de los pensionados recibe el mínimo de 1.528 pesos mensuales, equivalente a menos de 5 dólares en el mercado informal, una suma irrisoria frente al costo real de la vida en Cuba. Pese a este panorama crítico, el presupuesto total asignado para estas pensiones en 2025 apenas supera los 40 millones de pesos.
En declaraciones recogidas por DIARIO DE CUBA, la directora de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Virginia Marlene García Reyes, repitió la retórica oficial atribuyendo la crisis al embargo estadounidense, ignorando el colapso estructural del sistema y el aumento de la pobreza generalizada.
Para el abogado Edel González, colaborador del mismo medio, la desaparición del Instituto supone una desinstitucionalización peligrosa, pues el organismo representaba un mínimo de especialización, independencia operativa y capacidad técnica para atender un problema estructural del país. “Ahora habrá menos responsabilidad estatal y más desigualdad territorial en la atención a los necesitados”, alertó.
Desde hace años, el castrismo ha recortado silenciosamente la asistencia social, transfiriendo la carga a familias empobrecidas y eliminando subsidios esenciales. Según estimaciones de DIARIO DE CUBA, en el último sexenio, las inversiones públicas en salud y servicios sociales no alcanzan ni el 2% del ingreso nacional, una cifra que demuestra el abandono progresivo del Estado en su deber de proteger a los sectores más frágiles de la población.
La decisión, lejos de “modernizar” la seguridad social como afirma el régimen, profundiza la precariedad y el abandono de jubilados, personas con discapacidad y familias sin recursos, que ahora deberán mendigar soluciones ante gobiernos locales desbordados y sin poder real.
