En un acto sin precedentes en la historia reciente de Cuba, estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Holguín han presentado una demanda formal contra ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, acusándolo de violar tanto los términos contractuales como principios fundamentales recogidos en la propia Constitución de la República.
La acción legal, anunciada públicamente por el estudiante René Javier, representa un desafío directo al poder institucional del régimen, que ha impuesto un tarifazo digital en medio de una crisis económica sin precedentes. En la demanda, los jóvenes aseguran tener «plena capacidad» para ejercer sus derechos ciudadanos y exigen un diálogo con la empresa en un plazo fijado del 6 al 13 de junio.
El documento acusa a ETECSA de modificar las condiciones del contrato sin cumplir el aviso legal de 30 días de antelación, además de limitar derechos fundamentales como la igualdad, el acceso a la educación y la comunicación. Califican la medida como «anticonstitucional en todas sus partes», un «ultraje a la justicia social» y una amenaza directa al teletrabajo, recientemente reconocido por el nuevo Código Laboral.
«Nos negamos a aceptar el apoyo tardío de una FEU que ha fallado en representar a los estudiantes», afirmaron, repudiando cualquier intento del oficialismo por deslegitimar su acción como resultado de injerencia externa. Exigieron, además, que se respete el carácter pacífico y legítimo de su reclamo, y rechazaron cualquier tipo de represalia institucional.
Desde la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE), específicamente la Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, también surgieron críticas agudas. En un comunicado difundido por estudiantes de cuarto año, se denunció que el colapso de ETECSA responde a un modelo económico fallido que desvió recursos hacia sectores improductivos como el turismo, en lugar de fortalecer infraestructuras clave.
«Ni internet, ni luz, ni comida… pero sí hoteles vacíos», resumieron los jóvenes en tono irónico pero devastador, señalando el deterioro sistémico que afecta no solo a las telecomunicaciones, sino al país en su conjunto. También advirtieron que las nuevas tarifas amenazan la digitalización, el gobierno electrónico, la bancarización y otros proyectos estratégicos del país.
Ambos colectivos estudiantiles coincidieron en que la medida ahonda la brecha digital y social, limitando el acceso de los más desfavorecidos a herramientas básicas de desarrollo, mientras el régimen intenta justificarla como un mecanismo para recaudar divisas en un país donde nadie cobra en moneda extranjera.
Este episodio marca un punto de inflexión en la respuesta ciudadana al modelo autoritario y centralizado del régimen cubano. A pesar del riesgo de represalias, los estudiantes han demostrado que en Cuba aún quedan voces dispuestas a desafiar al poder en nombre del derecho, la equidad y la dignidad.