En plena ola de protestas por el alza abusiva de precios de ETECSA y el creciente malestar social en universidades cubanas, el régimen ha optado por una vez más recurrir al guion de la “agresión externa” para desviar la atención. El artículo publicado este 30 de mayo en el diario oficial Granma, titulado «Desenfreno del terrorismo anticubano en las redes», representa un nuevo intento del Gobierno por criminalizar la disidencia digital y la protesta cívica bajo el pretexto de un supuesto “terrorismo” orquestado desde el exterior.
El texto, firmado por Francisco Arias Fernández, acusa a plataformas digitales y activistas cubanos en el exilio de promover desorden y violencia, mientras ignora deliberadamente las causas reales del descontento popular: apagones prolongados, inflación descontrolada, salarios insuficientes y políticas represivas que han llevado al colapso institucional del país. Según la narrativa oficialista, las denuncias sobre la miseria cotidiana y los llamados al paro académico en la Universidad de La Habana no serían expresiones legítimas del hartazgo ciudadano, sino parte de un plan coordinado desde el extranjero para “dividir y confrontar al Gobierno”.
Este enfoque no solo busca deslegitimar las voces críticas dentro y fuera del país, sino que también prepara el terreno para justificar nuevas oleadas de censura, vigilancia y detenciones arbitrarias. El artículo resucita viejos fantasmas como la USAID, la NED o las embajadas extranjeras, intentando encajar toda protesta en el marco de una conspiración “fascistoide” y financiada. Mientras tanto, ignora que fueron los propios estudiantes universitarios quienes convocaron al paro por cuenta propia, y que las quejas contra ETECSA están ampliamente extendidas entre la población.
La criminalización del activismo digital, catalogándolo como “propaganda enemiga” o incluso “terrorismo”, refleja el miedo del régimen a una ciudadanía cada vez más conectada e informada, a pesar de la censura, la represión y el costo elevado de la conectividad. En vez de dialogar con los sectores inconformes, las autoridades optan por usar el Código Penal como herramienta política para silenciar voces incómodas. Este artículo de Granma es también un mensaje de advertencia: cualquiera que alce la voz puede ser acusado de “desacato”, “difamación” o incluso “atentado”, aunque solo use su celular para denunciar una injusticia.
Mientras se insiste en la supuesta “estabilidad revolucionaria”, la realidad es otra: Cuba enfrenta una crisis económica, energética y social sin precedentes, agravada por políticas internas fallidas más que por presiones externas. La estrategia del miedo puede postergar lo inevitable, pero no podrá ocultar indefinidamente la profunda deslegitimación del sistema ante su propio pueblo.