La plataforma estadounidense Airbnb impuso esta semana nuevas restricciones a sus operaciones en Cuba, complicando aún más la situación de los anfitriones y guías turísticos que dependen de este servicio para generar ingresos en medio de la aguda crisis económica que vive la Isla.
Según Caribbean News Digital, la empresa ha suspendido indefinidamente los pagos a los usuarios que residen en Cuba, lo que obliga a los anfitriones a buscar alternativas como abrir cuentas bancarias en el extranjero, utilizar intermediarios o, simplemente, abandonar la plataforma. La medida también ha generado dificultades técnicas para quienes intentan actualizar sus perfiles, ya que el sistema bloquea operaciones asociadas con direcciones en Cuba.
En declaraciones al medio independiente El Toque, Airbnb explicó que la decisión responde a nuevas regulaciones federales de Estados Unidos:
“De acuerdo con las recientes regulaciones federales de EEUU, hemos notificado a los anfitriones en Cuba que deben añadir un nuevo método de pago a su cuenta para poder continuar hospedando en Airbnb. Estamos trabajando con los anfitriones y proporcionando instrucciones claras sobre cómo actualizar sus cuentas y recuperar el acceso”.
Sin embargo, la medida ha provocado caos entre la comunidad de anfitriones, especialmente en grupos de WhatsApp, donde los afectados denuncian respuestas poco claras por parte del soporte técnico de la plataforma, según reporta nuevamente Caribbean News Digital.
Además, Airbnb ha eliminado de su servicio en la Isla las populares «Experiencias», actividades diseñadas por locales —como clases de baile, cocina, o recorridos culturales— que permitían a los turistas descubrir una Cuba alternativa al turismo estatal.
“Su eliminación representa no solo un golpe financiero para los anfitriones, sino también la pérdida de una vía para mostrar una Cuba más allá del turismo estatal tradicional”, subraya el medio especializado.
La decisión parece estar relacionada con los antecedentes legales de la compañía en Cuba. En enero de 2022, Airbnb acordó pagar 91.172 dólares a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber alojado en la Isla a ciudadanos estadounidenses fuera de las 12 categorías permitidas. La multa también contemplaba fallas en el mantenimiento de registros exigidos por la normativa.
Más recientemente, en marzo de 2024, Airbnb fue demandada bajo el Título III de la Ley Helms-Burton por el médico cubanoamericano Javier García-Bengochea, quien la acusó de lucrar con una propiedad en Santiago de Cuba confiscada por el régimen castrista en 1960. La acción legal se suma a una creciente ola de reclamaciones por bienes nacionalizados en Cuba, que, según el Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba, ya suman 5.913 casos certificados, equivalentes a casi 2.000 millones de dólares en posibles indemnizaciones.
La empresa podría estar actuando para evitar una suerte similar a la de Expedia, condenada por un jurado federal de Miami a pagar 29,8 millones de dólares al cubanoamericano Mario Echevarría por incluir en su sitio propiedades confiscadas por la dictadura cubana.
Estas restricciones de Airbnb agravan la situación de cientos de cubanos que, ante la ausencia de oportunidades laborales y los controles estatales al emprendimiento, veían en esta plataforma una rara vía de ingresos legales e independientes en medio del colapso económico que vive el país.
