En medio de una profunda crisis económica, el régimen cubano ha lanzado una nueva licitación estatal para arrendar espacios en el Malecón habanero, pero lejos de tratarse de zonas rehabilitadas, lo que se ofrece son ruinas, terrenos baldíos y estructuras colapsadas que exigen inversiones millonarias del sector privado.
Entre los puntos en oferta se encuentra la explanada de Malecón y Perseverancia, donde antes existía un edificio ahora reducido a un descampado con basura y grafitis. Otro ejemplo es la esquina de Malecón y Crespo, que aún conserva escombros del inmueble que colapsó hace años, dejando incluso heridos en su momento. Allí, el Estado apenas cercó el área con una valla metálica y ahora la oferta como si fuera un activo funcional.
La Empresa de Gestión del Patrimonio S.A., vinculada a la Oficina del Historiador de La Habana, ha incluido estos terrenos entre los seis espacios disponibles hasta el 30 de junio, bajo el argumento de “rehabilitar el Centro Histórico” y “dinamizar la economía local”. Sin embargo, la realidad sobre el terreno dista mucho del lenguaje institucional.

Quien decida participar deberá no solo pagar tarifas desde 150 CUP por metro cuadrado al mes, sino asumir costos exorbitantes en limpieza, infraestructura, equipamiento y seguridad. Vecinos de la zona lo resumen así: “El que se meta ahí tiene que tener dinero de sobra y ganas de perderlo”.
Las otras parcelas ofertadas —como las ubicadas en las esquinas del Malecón con Escobar y con Genios— presentan un panorama similar: plazoletas vacías, edificios demolidos y espacios sin servicios básicos. Incluso en La Habana Vieja, donde una de las ofertas está en las calles Aguacate y O’Reilly, el deterioro convierte en utopía cualquier emprendimiento viable. Muchos de estos lugares han sido tomados por vertederos informales o son refugio de personas sin hogar.
En contraste, el único espacio con condiciones aceptables es un stand en los Antiguos Almacenes de San José, cercano a la bahía, donde aún subsiste algo de infraestructura aprovechable. Aun así, el éxodo migratorio ha vaciado parte del mercado, y lo que una vez fue símbolo del renacer artesanal hoy luce desgastado y sin vida.
Mientras tanto, el Estado traslada la responsabilidad del rescate urbano a emprendedores locales que enfrentan inflación, escasez de materiales, falta de garantías legales y un entorno político hostil. Las condiciones impuestas en la licitación no contemplan apoyo alguno para iniciar los proyectos, ni facilidades fiscales, ni exenciones temporales.
Más que un intento por reactivar el tejido económico, la licitación parece ser otro intento desesperado del régimen por monetizar el colapso, convirtiendo su abandono institucional en oportunidad de negocio a riesgo ajeno. En definitiva, vender ruinas a precio de oro bajo el disfraz de “desarrollo local”.
Consulta oficial de la convocatoria:
https://egdp.ohc.cu/gdp/arrendamiento/licitaciones

