El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este lunes que no tiene facultades legales para facilitar el regreso de un salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos, un caso que ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Según reportó la agencia Reuters, Bukele hizo estas declaraciones durante una reunión en la Casa Blanca con el expresidente Donald Trump, en la que fue consultado por el caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño residente en Maryland que fue expulsado del país pese a una orden judicial —respaldada por la Corte Suprema de EE.UU.— que obliga al gobierno estadounidense a permitir su retorno.
Lejos de colaborar, Bukele respondió con desdén, insinuando que Abrego García era un peligro para Estados Unidos. “¿Cómo voy a meter un terrorista en EE.UU.?”, declaró, repitiendo las acusaciones de la administración Trump, que lo vinculan sin pruebas a la pandilla MS-13.
Funcionarios estadounidenses presentes en la reunión, entre ellos la entonces Fiscal General Pam Bondi y el Secretario de Estado Marco Rubio, también rechazaron la idea de acatar el fallo judicial. Bondi afirmó que el regreso solo sería obligatorio si El Salvador accedía a recibirlo, mientras Rubio sostuvo que “la política exterior la dicta el presidente, no un tribunal”.
Los abogados de Abrego García han negado tajantemente su vinculación con pandillas, acusando al gobierno de no presentar ninguna evidencia creíble. Un tribunal federal de apelaciones respaldó esta postura al negarse a pausar la orden de retorno, señalando que Washington no ha intentado demostrar que el hombre sea miembro prominente de MS-13.
En paralelo, el expresidente Trump elogió a Bukele como un aliado en su política migratoria y reiteró su intención de deportar a más personas indocumentadas a El Salvador, incluso bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un instrumento legal arcaico usado para justificar estas acciones.
Trump prometió también ayudar a Bukele a construir nuevas cárceles para albergar a los expulsados, consolidando así una alianza basada en la mano dura y el desprecio por el debido proceso.
Este caso revela cómo, bajo discursos de seguridad, se atropellan principios legales fundamentales y se colocan vidas humanas en riesgo, todo con la complicidad de gobiernos que privilegian intereses políticos por encima de la justicia.