La Habana — Tres ciudadanos cubanos fueron condenados a 15, 18 y 20 años de prisión por tráfico de drogas en un juicio oral celebrado en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, en lo que el régimen calificó como un «proceso ejemplarizante». Las sentencias incluyen además la privación de derechos públicos, la prohibición de salida del país y el decomiso de bienes, en cumplimiento del nuevo Código Penal cubano (Ley 151 de 2022).
La Fiscalía utilizó el caso como escarmiento dentro de su política de “tolerancia cero” contra las drogas, un enfoque que prioriza la represión en lugar de políticas de salud pública o prevención. El proceso incluyó acusaciones por tráfico interprovincial y venta de cocaína, mientras se advirtió que sanciones como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte podrían aplicarse en casos agravados.
Esta sentencia forma parte de una ofensiva represiva que se extiende por toda la Isla. En abril, un ciudadano fue condenado a 12 años por transportar marihuana entre provincias y, en otro caso, dos jóvenes recibieron penas de hasta 9 años por cultivar y distribuir marihuana y sustancias sintéticas que, según reportes oficiales, ya contienen fentanilo, altamente letal y de creciente presencia en entornos escolares.
Ante el incremento del consumo de drogas entre menores y la proliferación de las llamadas “casas de consumo”, el régimen ha intensificado los operativos policiales y comenzado a confiscar viviendas vinculadas con el expendio o uso de estupefacientes. Las estadísticas muestran que el 92 % de los acusados por narcotráfico en La Habana reciben penas efectivas de cárcel, en un sistema judicial que prioriza el castigo como disuasión.
Sin embargo, organizaciones independientes y observadores internacionales han expresado profunda preocupación por la opacidad de los procesos judiciales, el uso político de los tribunales y la ausencia de programas reales de rehabilitación o reinserción social. Mientras la propaganda oficial insiste en la narrativa del orden y la tranquilidad, el narcotráfico y el consumo continúan creciendo como síntomas de una crisis social profunda que la represión no logra contener.
El endurecimiento de las penas y el discurso de “mano dura” parecen ignorar las raíces estructurales del fenómeno: desesperanza juvenil, pobreza extrema y descomposición del tejido social. En una Cuba sumida en la peor crisis económica de su historia reciente, el negocio de la droga se convierte en una salida desesperada para muchos, mientras el régimen responde con más cárcel y menos soluciones.