En otro golpe a la deteriorada imagen del funcionariado cubano, Maricela Alonso Ojeda, ex intendente del municipio de Puerto Padre, y Mario Quirino Infante, ex administrador del Palacio de Pioneros en Las Tunas, han sido condenados a 7 y 6 años de prisión, respectivamente, por malversación de bienes estatales, cohecho y tráfico de influencias.
Ambos fueron juzgados por apropiarse de productos destinados a la población en cadenas de tiendas del Estado, utilizándolos para su beneficio personal. Alonso, en calidad de autora, se valió de sus facultades discrecionales como miembro del Consejo de la Administración Municipal para desviar recursos. Quirino operaba como su cómplice, encargado de buscar, trasladar y vender los productos ilícitamente obtenidos.
El tribunal los inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos o gestionar recursos estatales. Además, se les retiró el derecho al voto y se les prohibió salir del país hasta cumplir sus penas. A pesar de que la sentencia fue divulgada por medios oficialistas, se omitieron detalles clave como el monto malversado y el cargo específico que ostentaban, provocando una ola de críticas entre los ciudadanos.
“¿Por qué silenciar el cargo de una intendente que robó al pueblo?”, cuestionó un lector de Cubadebate. La población exige transparencia, mientras otros destacan el lujoso estilo de vida de muchos funcionarios, que contrasta brutalmente con la miseria generalizada.
Este escándalo no es un caso aislado. El propio Partido Comunista ha admitido la magnitud del problema en Las Tunas, una provincia golpeada por la corrupción administrativa, los robos sistemáticos y el colapso institucional. En febrero, el ex primer secretario Walter Simón Noris denunció delitos similares en varias entidades estatales, sin que se anunciaran medidas contundentes.
La represión de estos hechos parece responder más a una pugna interna de poder y control, que a un genuino intento de sanear el sistema. Mientras tanto, se multiplican las voces que exigen la creación de una Comisión Permanente de Anticorrupción que investigue a fondo a los cuadros, más allá de medidas simbólicas.
En un país donde la corrupción del Estado es estructural y la impunidad selectiva, este juicio apenas rasga la superficie de una podredumbre mucho más profunda.