La industria alimentaria en Cuba atraviesa una crisis sin precedentes, con pérdidas millonarias y una dependencia casi total de importaciones para cubrir la canasta básica. Según datos oficiales, de los nueve productos normados que administra el Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), ocho provienen del exterior, reflejando el colapso productivo del país.
En su balance anual, el MINAL confirmó que la empresa mixta Havana Club, una de las marcas de ron más emblemáticas de la isla, reportó pérdidas superiores a los 40 millones de dólares en 2024. A ello se suman problemas en la Cervecería Bucanero, que no pudo abrir cuentas en el extranjero debido a restricciones bancarias, agravando su operatividad.
El sector pesquero tampoco escapa del declive. Las capturas de pescado no alcanzaron ni la mitad de lo esperado y las exportaciones solo llegaron al 67% de lo proyectado. Mientras tanto, el acceso de los cubanos a proteínas sigue en mínimos históricos, y productos como el camarón o la tilapia son prácticamente inalcanzables en la isla.
La crisis del combustible y la harina de trigo ha impactado severamente la producción nacional. En 2024, el MINAL solo recibió una cuarta parte del combustible planificado, lo que llevó a reducir el peso del pan normado a 60 gramos. Pese a ello, el régimen insiste en priorizar la exportación de alimentos y su venta en dólares, en detrimento del consumo interno.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, reconoció que la «comida más segura» proviene de la producción nacional, pero el propio Estado sigue imponiendo trabas al sector privado. Mientras la burocracia impide el desarrollo de los productores independientes, el economista cubano Pedro Monreal criticó la negativa del régimen a reconocer al sector privado como motor esencial de la economía, calificándolo de «obcecación ideológica».
Pese a las continuas donaciones de organismos como la FAO, el consumo calórico y proteico de los cubanos sigue en caída libre, reflejando el aumento de la pobreza y la inflación. Mientras tanto, el régimen apuesta por atraer inversiones extranjeras sin resolver los problemas estructurales que ahogan la producción de alimentos en la isla.