En un giro inédito en su política agraria, el Gobierno cubano ha anunciado que permitirá a extranjeros con residencia permanente en la Isla acceder a tierras en usufructo. Esta medida, presentada por el Ministerio de la Agricultura (MINAG), forma parte del anteproyecto de la “Ley de propiedad, posesión y uso de la tierra”, que será debatido hasta mayo y se espera que llegue a la Asamblea Nacional en diciembre.
Hasta ahora, el acceso a tierras en usufructo estaba limitado a ciudadanos cubanos o a entidades estatales, lo que obligaba a muchos extranjeros interesados en la producción agropecuaria a recurrir a familiares cubanos como intermediarios. Con la nueva propuesta, podrán solicitar tierras directamente, equiparándose con la normativa vigente para la adquisición de viviendas y vehículos.
Mayra Cruz, directora jurídica del MINAG, reconoció que la legislación actual presentaba un vacío en cuanto a la tenencia de tierras por parte de empresas y ciudadanos extranjeros. Sin embargo, la entrega de terrenos a foráneos ya se estaba realizando de manera discreta. De hecho, en enero de este año, una empresa vietnamita se convirtió en la primera compañía extranjera en obtener tierras para el cultivo en Cuba desde 1959, recibiendo 308 hectáreas en Pinar del Río para sembrar arroz.
El régimen justifica esta medida como un esfuerzo por revitalizar el sector agrícola en un país que enfrenta una grave crisis de abastecimiento. La producción nacional de alimentos ha colapsado, las importaciones son cada vez más costosas y la inflación golpea con fuerza a la población. Sin embargo, esta reforma plantea interrogantes: ¿Será suficiente para revertir décadas de ineficiencia estatal? ¿Qué garantías tendrán los extranjeros en un país donde la seguridad jurídica es prácticamente inexistente?
Si bien el Gobierno cubano intenta atraer inversión extranjera con esta flexibilización, el contexto económico sigue siendo incierto. Con restricciones a la libre empresa y un aparato burocrático que ahoga cualquier iniciativa privada, la entrega de tierras a extranjeros podría ser otro intento del régimen por maquillar la crisis sin aplicar reformas profundas que permitan una recuperación real del sector agropecuario.