La administración Trump ordena redadas en tribunales de inmigración para acelerar deportaciones, afectando a decenas de migrantes, incluidos varios cubanos con I-220A.
MIAMI, Estados Unidos – Una nueva y agresiva política migratoria impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración de Donald Trump ha comenzado a ejecutarse esta semana en diversos tribunales de inmigración de Estados Unidos. La medida permite a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestar a migrantes indocumentados al momento de asistir a sus citas judiciales, sin importar si se trata de casos en curso o solicitudes de asilo pendientes.
Según reportes de CaféFuerte y otros medios consultados, al menos una veintena de personas han sido detenidas en Florida, Texas, Arizona, Louisiana y California, incluyendo un número no precisado de ciudadanos cubanos bajo el estatus de I-220A. En un caso especialmente alarmante, ocho cubanos fueron arrestados este jueves en Miami al salir del tribunal de inmigración, luego de que sus casos fueran cerrados por decisión judicial, habilitando así su deportación inmediata bajo el proceso conocido como “expedited removal”.
Agentes del ICE, algunos vestidos de civil, ocuparon discretamente los pasillos del tribunal en el centro de Miami, interceptando a los migrantes al concluir sus audiencias. Escenarios similares fueron reportados esta semana en tribunales de Houston, New Orleans, Phoenix y Santa Ana. En California, la cubana Dalia Bárbara Ricardo Aldama fue detenida tras perder su caso de asilo, según confirmaron fuentes a CaféFuerte.
En una declaración oficial publicada por el DHS, se justifica esta ola de detenciones afirmando que la mayoría de los extranjeros que ingresaron al país de forma irregular en los últimos dos años son legalmente susceptibles de ser deportados de forma acelerada, política que el gobierno de Joe Biden habría ignorado al optar por liberar masivamente a estos migrantes bajo supervisión.
“ICE ahora está cumpliendo la ley y colocando a estos extranjeros ilegales en deportación acelerada, como siempre debió haber sido”, señaló el comunicado del DHS.
La actual titular del DHS, Kristi Noem, ha iniciado un viraje radical en las políticas migratorias, eliminando programas como el CBP One, que permitió la entrada de casi un millón de solicitantes de asilo desde enero de 2023. La funcionaria ha dejado claro que su meta es desmantelar el enfoque de “captura y liberación” y restaurar la estricta aplicación de la Ley de Inmigración de 1996.
El reconocido abogado de inmigración Willy Allen criticó la medida, calificándola de “miserable” y “contraproducente”. Allen confirmó que uno de sus clientes cubanos beneficiarios de CBP One fue arrestado, y alertó sobre “irregularidades inaceptables” en los procedimientos. “Cerrar un proceso en la corte solo para detener y comenzar de nuevo representa un despilfarro de recursos”, denunció.
Además, mencionó el caso de una abogada cuya clienta fue detenida sin que el juez hubiera cerrado aún el expediente, lo que podría constituir una violación del debido proceso legal.
La ofensiva migratoria también reaviva la polémica sobre el documento I-220A, una forma de liberación bajo supervisión ampliamente utilizada con los migrantes cubanos. Un reciente fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reconoció que muchos de ellos debieron haber recibido un parole, lo cual podría abrir nuevas vías legales, pero también permitir que les nieguen la fianza si son arrestados ahora.
Según el DHS, solo quienes demuestren tener un caso válido de temor creíble podrán continuar sus procesos migratorios. En caso contrario, serán expulsados del país sin derecho a apelación.
Este giro de política representa una nueva fase en la estrategia de mano dura contra los migrantes, y marca una ruptura tajante con los enfoques de la administración anterior. Para miles de cubanos en espera de una resolución judicial, el riesgo de ser detenidos incluso cumpliendo con las citas legales del sistema migratorio es ahora una realidad latente.