La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha confirmado la revocación de la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela, otorgándole un plazo de un mes para liquidar sus transacciones en el país sudamericano. La decisión, alineada con la postura de la nueva administración estadounidense, responde al incumplimiento del régimen de Nicolás Maduro en compromisos migratorios y electorales.
La medida quedó formalizada con la emisión de la Licencia General 41A, la cual autoriza únicamente la liquidación de las operaciones previas de Chevron en Venezuela, sin permitir el pago de impuestos, regalías ni la venta de crudo a otras jurisdicciones fuera de EE. UU.. Además, se prohíben transacciones con entidades venezolanas controladas por intereses rusos.
Desde 2022, Chevron operaba en Venezuela bajo un permiso especial concedido por la administración de Joe Biden, lo que permitió a la empresa estadounidense aumentar significativamente sus exportaciones de crudo. Solo en enero, la petrolera incrementó sus envíos a 294.000 barriles diarios (bpd), el nivel más alto registrado bajo su licencia. Sin embargo, la retirada forzada de la compañía representa un golpe para la producción petrolera venezolana, que en diciembre de 2024 rondó el millón de bpd, aún muy por debajo de los tres millones de barriles que el país producía hace 25 años.
La salida de Chevron podría alterar el flujo de petróleo hacia Cuba, principal aliado del régimen chavista. Según el especialista de la Universidad de Texas Jorge Piñón, la petrolera estatal venezolana Pdvsa podría verse obligada a redirigir parte de su producción a la isla para evitar el cierre de pozos, un proceso costoso y complicado.
Mientras EE. UU. endurece su postura contra el régimen de Maduro, la incertidumbre se cierne sobre la industria petrolera venezolana y su impacto en la economía del país, que depende en gran medida de la venta de crudo.