La Guardia Costera de Estados Unidos anunció la imposición de nuevas restricciones a embarcaciones procedentes de Cuba, una medida que entrará en vigor el próximo 2 de abril de 2025. Según la normativa publicada en el Registro Federal, el objetivo es proteger el territorio estadounidense de posibles amenazas provenientes de países que no cumplen con estándares efectivos de seguridad portuaria.
Estas condiciones de entrada responden a las disposiciones de la Ley de Seguridad del Transporte Marítimo y a políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En este contexto, la normativa establece que cualquier puerto perteneciente a un país catalogado como patrocinador del terrorismo carece de medidas de seguridad adecuadas, lo que justifica la imposición de sanciones adicionales.
La decisión se produce tras la reciente redesignación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, una clasificación que el Departamento de Estado de EE.UU. ratificó en enero pasado. Con esta actualización, la isla se suma a una lista de países considerados de alto riesgo, que incluye a Irán, Siria, Venezuela y Yemen, entre otros.
A partir de la entrada en vigor de esta medida, los barcos que hayan atracado en puertos cubanos deberán someterse a inspecciones adicionales, que pueden incluir abordajes de seguridad y evaluaciones de riesgo en sus puertos de origen. Resta por ver si esta nueva política afectará el flujo de mercancías entre ambos países, especialmente en lo que respecta a la importación de alimentos, productos agrícolas y vehículos que La Habana adquiere de empresas estadounidenses bajo licencias especiales.
Según la Guardia Costera, estas acciones forman parte de su Programa Internacional de Seguridad Portuaria (IPS), cuyo objetivo es mitigar el riesgo de importación de terrorismo a través del comercio exterior. Entre las medidas aplicadas a los barcos procedentes de países señalados se encuentran inspecciones más rigurosas, advertencias al público y asistencia técnica para mejorar la seguridad portuaria en las naciones afectadas.
Con estas restricciones, la administración de Donald Trump mantiene la línea dura contra el régimen cubano, reforzando los controles sobre los intercambios marítimos con la isla y alineándose con la política de máxima presión que Washington ha sostenido en los últimos años.