En un nuevo intento por justificar el colapso de los servicios de ETECSA, el régimen cubano ha recurrido a la narrativa de los «saboteadores» y «antenas ilegales», deslindándose de su responsabilidad en una crisis de conectividad que afecta a millones de ciudadanos en toda la Isla.
Según un reportaje del canal estatal Cubavisión Internacional, replicado por el portal oficialista Cubadebate, los usuarios continúan denunciando la lentitud del Internet, la inestabilidad de la red móvil, interrupciones frecuentes en la telefonía fija y congestión crónica, especialmente en zonas urbanas como La Habana.
Kevin Castro Rodríguez, directivo de ETECSA, admitió que la infraestructura no da abasto ante el crecimiento de la demanda, pero culpó de esta situación a las sanciones internacionales y a la caída de ingresos en divisas tras el fracaso del esquema de recargas desde el extranjero. “Ha sido muy difícil continuar el marco inversionista que teníamos hasta 2022”, dijo, en referencia a la caída del financiamiento indirecto que el régimen recibió durante años gracias a la diáspora.
Sin embargo, los pretextos no terminan ahí. Castro también responsabilizó al uso de “antenas ilegales y equipos no certificados”, en clara alusión a tecnologías como Starlink, que han comenzado a entrar de forma clandestina en el país. Según el funcionario, estas interferencias afectan el 12% de las celdas en La Habana.
A esto se suman los llamados “actos vandálicos” que, según la versión oficial, han provocado cortes de fibra óptica, robo de baterías y quema de postes telefónicos. En 2024 se registraron 47 incidentes en La Habana y en el primer trimestre de 2025 ya suman diez.
Pedro Luis Lozada Morales, director de la División Territorial Sur de ETECSA, afirmó que los ataques “no son accidentales” y que la empresa ha tenido que desviar recursos humanos y materiales para reponer los daños, afectando los ya escasos planes de inversión.
Lo que no mencionan los funcionarios de ETECSA es que, a pesar de todas estas supuestas limitaciones, el régimen ha demostrado eficiencia quirúrgica al cortar selectivamente el acceso a Internet y telefonía a activistas, periodistas independientes y opositores en momentos clave, como protestas populares o efemérides incómodas para el poder (link).
Mientras tanto, millones de cubanos siguen siendo rehenes del monopolio estatal de las telecomunicaciones, sin otra opción que resignarse a los constantes fallos de un servicio caro, lento y cada vez más restrictivo.
La versión oficial intenta desviar la atención hacia «enemigos externos», mientras la verdadera interferencia sigue siendo un modelo de control absoluto y de negligencia estructural que estrangula el derecho básico a la comunicación en Cuba.