Las autoridades del régimen cubano anunciaron la finalización del proceso de excarcelación anticipada iniciado el pasado 14 de enero, tras liberar a 553 prisioneros, según confirmó Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que solo 200 de ellos eran presos políticos, mientras que más de 900 continúan en cárceles del país.
Sosa Ravelo declaró en el Noticiero Nacional de Televisión que el proceso «concluyó con éxito», detallando que en enero se presentaron 378 solicitudes y en febrero 175, sumando un total de 553 liberaciones. No obstante, el periodista independiente José Raúl Gallego alertó en redes sociales que esta medida no representa una verdadera apertura política, sino una estrategia del gobierno para aliviar presiones internacionales sin otorgar libertad plena a los disidentes.
A finales de febrero, el régimen reanudó las excarcelaciones tras un mes de inactividad, pero manteniendo estrictas restricciones sobre los liberados. Entre ellas, la obligación de comparecer ante jueces de ejecución que determinan las prohibiciones y limitaciones que deberán cumplir.
El gobierno cubano evitó referirse a las negociaciones internacionales en torno a estas excarcelaciones, aunque fuentes de la administración de Joe Biden indicaron que la medida fue resultado de un acuerdo con la Iglesia Católica y Estados Unidos. Según Washington, la liberación de prisioneros políticos formaba parte de un compromiso que facilitó la decisión de excluir a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
Organizaciones como Justicia 11J han denunciado que el régimen no ha concedido liberaciones incondicionales, sino beneficios penitenciarios bajo los cuales los excarcelados pueden ser devueltos a prisión en cualquier momento. En algunos casos, estos beneficios fueron otorgados a personas que ya estaban fuera de la cárcel bajo «licencia extrapenal» por razones de salud o edad avanzada.
La falta de transparencia en este proceso ha incrementado la incertidumbre entre las familias de los presos políticos, muchas de las cuales desconocen si sus seres queridos podrán salir en un futuro próximo. Mientras tanto, la represión sigue activa en Cuba, con nuevas detenciones y amenazas de revocación de libertades condicionales, perpetuando un ciclo de persecución política.