El régimen cubano ha reiterado su amenaza contra los excarcelados en el reciente proceso de liberaciones, advirtiéndoles que deberán cumplir estrictas condiciones o serán enviados de regreso a prisión. Según declaró la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo, las personas beneficiadas con la «libertad anticipada» están sujetas a obligaciones impuestas por el Estado, incluyendo la incorporación al empleo o estudio, el cumplimiento de sanciones accesorias y la obligación de demostrar una conducta acorde con la «convivencia socialista».
Las autoridades dejaron claro que estos beneficios pueden ser revocados si el excarcelado no cumple con las condiciones impuestas. Entre las razones que podrían justificar su reingreso a prisión están la no comparecencia ante el juez de ejecución o la falta de incorporación a un empleo o estudios sin justificación.
Desde la organización Prisoners Defenders (PD), su presidente Javier Larrondo ha denunciado que este proceso de excarcelación no representa una verdadera liberación, sino un «régimen carcelario domiciliario verdaderamente draconiano», con restricciones abusivas y violaciones a los derechos humanos. Según Larrondo, de los 553 presos reconocidos, solo 229 son identificados como presos políticos, y en algunos casos, simplemente se ha extendido una licencia extrapenal ya existente.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) también criticó el proceso, considerándolo «injusto e incompleto», y reafirmó que muchos de los excarcelados ya habían obtenido beneficios previos, lo que evidencia un intento del régimen de simular un gesto de apertura ante la comunidad internacional.
Larrondo afirmó que el gobierno cubano ha fracasado en su estrategia de manipular políticamente estas excarcelaciones para obtener ventajas diplomáticas o económicas. «Es la primera vez que el régimen no logra engañar a la comunidad internacional con estas prácticas», aseguró. Además, denunció que la persecución y vigilancia a los excarcelados evidencia la decadencia y debilidad del régimen, incapaz de sostener su propaganda ante el creciente flujo de información entre la población.
Desde Prisoners Defenders han reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de los presos políticos en Cuba, incluyendo tanto a los que siguen tras las rejas como a los que, pese a estar en libertad, continúan sometidos a un sistema de represión domiciliaria y amenazas constantes.
