El conflicto entre el influencer cubano Alexander Otaola y la creadora de contenido conocida como Flor de Cuba ha escalado a una nueva dimensión legal. Esta semana, Otaola confirmó públicamente que sus abogadas recibieron formalmente una demanda por difamación, interpuesta por la influencer cuyo nombre real es Flor Danay Hernández.
La querella judicial fue presentada por el abogado Karel Suárez, quien representa a Hernández en el proceso. Según detalló el letrado, las declaraciones emitidas por Otaola en su programa «Hola Otaola» no constituyen simples opiniones, sino afirmaciones «falsas, vejatorias y altamente perjudiciales» para la imagen y salud emocional de su clienta. Entre las acusaciones que motivaron la demanda, se encuentra el uso de calificativos como “loca” y la exposición pública de aspectos privados de la vida de Flor de Cuba.
El enfrentamiento entre ambos no es nuevo. Durante meses, las redes sociales han sido el escenario de un cruce constante de indirectas, descalificaciones y ataques personales. Sin embargo, esta es la primera vez que el conflicto se traslada del ámbito digital al judicial, abriendo la puerta a un proceso que podría extenderse durante varios meses.
La demanda ha provocado una fuerte división de opiniones en el entorno virtual. Mientras algunos seguidores de Otaola consideran que se trata de un intento de censura contra la libertad de expresión, otros advierten que sus declaraciones han sobrepasado los límites del respeto, afectando la reputación de terceros sin pruebas.
El abogado Suárez insiste en que el daño ocasionado a Flor de Cuba va más allá de lo mediático. “Estas no son simples críticas. Son ataques personales que han tenido un impacto directo en su dignidad y bienestar emocional”, afirmó.
El caso plantea interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión en el exilio cubano y el uso responsable de las plataformas digitales por parte de figuras públicas. A medida que avanza el proceso, se espera que el tribunal determine si las palabras de Otaola pueden ser consideradas como un ejercicio legítimo de opinión o si constituyen difamación con consecuencias legales.
Este juicio podría convertirse en un precedente clave en el debate sobre la ética digital y la rendición de cuentas entre influencers cubanos.
