En medio de una crisis económica sin precedentes, marcada por la inflación, la escasez de productos básicos y un creciente malestar social, el régimen cubano ha encontrado en las multas una fuente millonaria de ingresos. Según informó el diario oficial Granma, durante el primer trimestre de 2025 se impusieron más de 425.000 contravenciones en todo el país, que generaron una recaudación superior a los 1.000 millones de pesos.
Las provincias más afectadas por esta oleada sancionadora fueron La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y Holguín, aunque el informe oficial no detalla ni los motivos más frecuentes de las multas ni el perfil de los sancionados. Lo que sí evidencia el reporte es la implementación de una estrategia nacional de penalización económica, que cada vez se aleja más del ordenamiento legal y se acerca peligrosamente a la represión sistemática.
Heidi Bas Sosa, directora de Multas del Ministerio de Finanzas y Precios, celebró una supuesta eficacia del 90,1% en el cobro de estas sanciones. Si bien reconoció que aún “no es lo óptimo”, sostuvo que marca un “camino de avance” para el aumento de la recaudación. Una parte de estos cobros, más de 179 millones de pesos, se realizó mediante pagos digitales, gracias a la integración con la plataforma estatal Transfermóvil.
Los infractores tienen un plazo de 60 días para pagar voluntariamente las multas: durante los primeros 30 días se mantiene el monto original, pero si no se paga en ese plazo, se duplica la cantidad. A partir del día 61, se activa el cobro forzoso mediante embargo salarial u otras medidas administrativas, y en casos reincidentes, se abren expedientes policiales. De hecho, ya se han presentado 269 denuncias contra deudores reincidentes por un valor total de seis millones de pesos.
La red institucional que alimenta este aparato sancionador incluye a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Salud Pública, y autoridades municipales, lo que confirma que las multas no solo buscan ingresos fiscales, sino que también operan como mecanismo de control social.
Durante el llamado “II Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito”, llevado a cabo en marzo, se impusieron más de 131 millones de pesos en sanciones en apenas una semana, muchas de ellas por “violaciones de precios”. Estas campañas, que se ensañan especialmente con las MIPYMES y trabajadores por cuenta propia, incluyeron decomisos, cierres de negocios y ventas forzosas de productos, según reconoció la prensa oficialista.
La política punitiva del régimen llega incluso a sancionar a entidades estatales. En un caso reciente, una empresa en La Habana fue multada por abrir un hueco para desaguar aguas residuales, mientras que otras acciones represivas se centran en el uso de antenas privadas de internet, lo cual es considerado una “violación del espectro radioeléctrico”.
El uso sistemático de las multas como herramienta de recaudación y castigo revela la fragilidad de un sistema que, ante la falta de soluciones estructurales, recurre a la represión económica para sostenerse. Lo que desde Granma se presenta como “logros” en materia de fiscalización, para millones de cubanos no es más que otra muestra del deterioro del Estado de derecho en la Isla.