El régimen cubano, en medio de la peor crisis económica y social de su historia, ha anunciado un doble paquete de medidas que buscan “reimpulsar” la economía y reforzar el control estatal en el sector del alojamiento. Las recientes disposiciones se suman a las ya polémicas medidas en materia de servicios de hospedaje, lo que evidencia la centralización absoluta y la injerencia del Estado en la vida cotidiana del pueblo.
1. Cambios en el sistema de alojamiento
La Resolución 12/2025, publicada en la Gaceta Oficial No. 24 del 25 de marzo, establece nuevas reglas para regular establecimientos como casas de huéspedes, hostales, hoteles, moteles y otros inmuebles. Entre los puntos clave destacan:
- Precios y tarifas:
- Fijación en pesos cubanos o monedas autorizadas, según la tasa oficial del Banco Central.
- Tarifas determinadas por la categoría del inmueble, ubicación, calidad del servicio y la temporada (alta: 1 de mayo al 31 de octubre; baja: el resto del año).
- Reservaciones y pagos:
- Reservas disponibles a través de un sitio web oficial, burós provinciales y, en casos excepcionales, directamente en el establecimiento.
- Pagos mediante canales electrónicos, con políticas estrictas de cancelación y reembolso.
- Abastecimiento y servicios complementarios:
- Suministro a través de autogestión, producciones locales, productos del balance nacional y mercancías decomisadas.
- Oferta de servicios opcionales como alimentación y actividades recreativas, con precios definidos por directores y regulaciones del Ministerio de Finanzas y Precios.
- Vínculos con el sector privado:
- Posibilidad de establecer contratos con actores económicos no estatales para mejorar la calidad y diversidad de los servicios, aunque se refuerza el control estatal.
2. Nuevas medidas económicas para 2025
En otro frente, el gobierno cubano reveló un conjunto de medidas económicas, anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en una reunión con gobernadores y el intendente de Isla de la Juventud, en el mes de Febrero. Estas medidas, justificadas como necesarias para “corregir distorsiones estructurales”, han generado controversia y preocupación en la población:
- Actualización de tarifas eléctricas:
- Se reajustan las tarifas para determinados sectores con el objetivo de incentivar el ahorro energético, en un contexto de apagones de más de 20 horas diarias en varias provincias.
- Control de precios de productos básicos:
- Se establecerán precios minoristas máximos para productos nacionales esenciales, como el arroz y los frijoles, lo que podría agravar el desabastecimiento.
- Uso de tarjetas prepagas en divisas para combustibles:
- Solo se podrá adquirir gasolina en moneda extranjera a través de tarjetas prepagas, medida que profundiza la dolarización parcial y amplía las brechas sociales.
- Revisión del sistema de precios en la construcción:
- La reforma pretende fortalecer los encadenamientos productivos, afectando a todos los actores económicos del sector.
- Incentivos para la inversión extranjera:
- Se busca atraer capital a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, junto con un nuevo mecanismo para gestionar divisas.
- Reorganización del comercio no estatal:
- Se redistribuirán los fondos salariales no ejecutados y se reestructurará el comercio gestionado por formas no estatales para estimular la permanencia laboral.
Conclusión
Estas nuevas medidas evidencian la estrategia del régimen para mantener un férreo control sobre sectores fundamentales de la economía y la vida cotidiana. Mientras se refuerzan las normas de alojamiento que ya limitan la libertad de acción de empresas y ciudadanos, las políticas económicas recientes prometen “reimpulsar” una economía en ruinas, pero de hecho podrían aumentar el costo de vida, profundizar el desabastecimiento y ampliar las desigualdades en un país gobernado por una dictadura que sistemáticamente viola los derechos humanos.
