La organización Prisoners Defenders ha incorporado a su lista 7 nuevos presos políticos en Cuba durante el mes de febrero, elevando la cifra total a 1.150 personas detenidas por razones de conciencia. En su más reciente informe, la ONG calificó de «fraude al descubierto» el proceso de excarcelaciones llevado a cabo por el régimen cubano en el marco de un acuerdo con el Vaticano.
Según el presidente de la organización, Javier Larrondo, estos prisioneros enfrentan condenas y restricciones impuestas sin el debido proceso legal, en flagrante violación de la normativa internacional. Entre los nuevos nombres en la lista figura Alexander Verdecia Rodríguez, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), arrestado el pasado 7 de febrero y encarcelado en la Prisión Las Mangas Nuevas, en Bayamo.
Otro de los detenidos es Amaury Díaz García, miembro del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), quien fue arrestado en noviembre de 2024 tras colocar carteles críticos frente a su vivienda. La ONG alerta sobre su estado de salud, ya que las autoridades penitenciarias se han negado a suministrarle medicamentos esenciales para su tratamiento.
El informe también menciona a Yaniel Tejeda Medina, activista de FANTU, encarcelado en Sancti Spíritus y enfrentando cargos de «atentado», «desacato» y «evasión de presos o detenidos», por los que podría recibir hasta cinco años de prisión. Además, se incluyen tres ciudadanos sin afiliación política encarcelados por expresar sus opiniones: Héctor Julio Cedeño, Tomás Chacón y Alejandro Morales Pereira.
La ONG denuncia que 33 menores de edad continúan encarcelados y 222 manifestantes acusados de sedición cumplen penas promedio de 10 años. Asimismo, más de 700 prisioneros políticos padecen enfermedades graves, con 61 de ellos sufriendo trastornos de salud mental sin acceso a tratamiento adecuado.
Excarcelaciones bajo control estatal
Prisoners Defenders sostiene que la reciente liberación de 553 reclusos no puede considerarse una verdadera excarcelación. La organización señala que 230 presos políticos fueron excarcelados, pero bajo estrictas condiciones de libertad condicional o licencia extrapenal, sin que se les anularan las condenas.
El informe denuncia que estas excarcelaciones están condicionadas a amenazas de reencarcelación y restricciones severas como limitaciones de movimiento, trabajos forzosos asignados por el Estado y la prohibición de realizar activismo político o expresarse en redes sociales y medios de comunicación.
Por su parte, Amnistía Internacional también criticó la falta de transparencia en el proceso y exigió la libertad incondicional de todos los presos políticos, incluyendo a figuras como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo y Saylí Navarro. La organización subrayó que el régimen cubano sigue sin reconocer la existencia de prisioneros por motivos políticos ni ofrecer garantías de justicia y reparación.