La reciente protesta en Río Cauto, Granma, ha dejado en evidencia el poder de la presión popular en Cuba. Apenas unos días después de que cientos de ciudadanos tomaran las calles para exigir la liberación de Mayelín Carrasco Álvarez—detenida por manifestarse contra la crisis alimentaria y la falta de agua—, el Gobierno cubano anunció la instalación de una turbina para reactivar el bombeo de agua en varias comunidades.
El domingo, las autoridades municipales informaron que se inició el montaje del equipo en la estación de bombeo de Cayamas, beneficiando a más de 14.000 habitantes. «Si todo marcha según lo previsto, en las próximas horas se reanudará el suministro», indicó el comunicado oficial.
La rapidez con la que el régimen respondió a esta demanda ha generado numerosas reacciones en redes sociales. «Como por arte de magia aparece el agua después de las protestas», comentó un usuario, mientras otro agregó: «Hay que tirarse más para la calle», en alusión a la efectividad de la manifestación como método de presión.
La protesta del viernes se produjo tras la violenta detención de Carrasco Álvarez, quien había protestado en solitario por la situación de hambre y escasez en su comunidad. Su arresto desató una oleada de indignación que llevó a cientos de personas a exigir su liberación con cacerolazos y gritos de «Libertad para Mayelín».
Según reportes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la manifestación creció hasta reunir a miles de personas, lo que llevó al régimen a bloquear el acceso a internet en la zona, una táctica habitual para evitar la difusión de imágenes y videos de las protestas.
Aunque la instalación de la turbina ofrece un alivio temporal para los residentes, la rapidez de la acción gubernamental tras la protesta refuerza la percepción de que solo la movilización ciudadana puede arrancar respuestas de un Estado que, de otro modo, ignora los reclamos del pueblo.