En un nuevo intento por sofocar la disidencia digital, el régimen cubano lanzó una advertencia severa a los ciudadanos que se atrevan a criticar al gobierno en redes sociales. Durante la más reciente emisión del programa propagandístico Hacemos Cuba, el vocero oficialista Humberto López, acompañado de funcionarios del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) y la Fiscalía General, insistió en que el Estado tiene plena capacidad para sancionar a quienes realicen publicaciones que atenten contra la “moral de la Revolución”.
Las represalias pueden incluir multas, decomisos de dispositivos electrónicos e incluso penas de prisión. Las autoridades subrayaron que cualquier publicación que sea considerada “contraria al interés social” o “lesiva a la dignidad humana” podría conllevar sanciones conforme a normativas vigentes, como el Decreto 35 y el Decreto-Ley 370, ambos diseñados para restringir la libertad de expresión en internet.
Durante el programa, se enfatizó en la necesidad de endurecer las medidas para “mantener el orden social” en plataformas digitales, alegando que el uso de internet para organizar protestas o difundir mensajes críticos representa un delito de “desobediencia” y “desorden público”. En este sentido, el Código Penal de 2019 estipula penas de dos a cinco años de cárcel para quienes publiquen contenido considerado injurioso contra figuras del gobierno, como Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.
Funcionarios del MINCOM detallaron que las multas actuales, que oscilan entre 1.000 y 5.000 pesos cubanos (CUP), podrían incrementarse para garantizar un efecto disuasorio más fuerte. Además, advirtieron que los inspectores estatales están facultados para confiscar celulares y computadoras si estos son empleados para realizar publicaciones que el régimen considere “subversivas”.
Humberto López también recordó que bajo la Ley de Comunicación Social y la Ley de Protección de Datos Personales, está prohibido divulgar información “sensible” sin autorización. Sin embargo, críticos han denunciado que estas legislaciones no buscan proteger la privacidad de los ciudadanos, sino reforzar el control absoluto del gobierno sobre la información y castigar cualquier intento de disidencia.
Este nuevo episodio en la escalada represiva del régimen confirma que la censura en Cuba se profundiza con medidas cada vez más severas, destinadas a infundir miedo y evitar cualquier manifestación de inconformidad en el ámbito digital.