El régimen cubano ha reiterado su advertencia a los presos políticos excarcelados, dejando claro que su “libertad” está condicionada al estricto cumplimiento de normas impuestas por el Estado. Según un informe publicado por el diario oficialista Granma, aquellos beneficiados con la excarcelación anticipada deberán mantener un comportamiento «acorde con las normas de convivencia socialista» y podrían ser devueltos a prisión si no cumplen con las disposiciones impuestas.
La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo, detalló en una entrevista que los excarcelados tienen la obligación de ubicarse en un empleo o estudio aprobado por el juez de ejecución y que, en caso de incumplimiento, el beneficio será revocado. «Este periodo se entiende como una prueba, dado que la sanción no ha sido completamente cumplida», enfatizó.
El régimen cubano impone a estos ciudadanos un control riguroso, manteniéndolos bajo constante vigilancia. Entre las razones que podrían llevar a su reencarcelación están la falta de incorporación al trabajo o estudio sin justificación, así como la no comparecencia ante el juez en las fechas establecidas.
Denuncias de Prisoners Defenders
Frente a esta medida, organizaciones defensoras de derechos humanos han alzado la voz, denunciando que los excarcelados no son realmente libres. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders (PD), calificó la situación como “un régimen carcelario domiciliario verdaderamente draconiano», subrayando que estos ciudadanos siguen privados de derechos fundamentales y bajo constantes amenazas del Estado.
Según datos de PD, de los 553 presos considerados en este proceso, solo 229 son presos políticos, y al menos una decena de ellos ya se encontraba en libertad con licencias extrapenales, simplemente extendidas en esta supuesta amnistía.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) también ha cuestionado la excarcelación, tildándola de «injusta e incompleta». Según sus registros, el número de presos políticos liberados es inferior a lo declarado por el régimen, lo que evidencia una maniobra para engañar a la comunidad internacional.
Larrondo aseguró que, a diferencia de ocasiones anteriores, esta estrategia de La Habana para ganar legitimidad internacional ha fracasado. “El régimen ha intentado un fraude político, pero la resistencia de la sociedad civil y la comunidad internacional han evitado que obtengan beneficios políticos y económicos con esta farsa”, concluyó.