El régimen cubano ha decidido prorrogar hasta el 30 de septiembre el plazo para que las mipymes liquiden sus actividades de venta mayorista, una medida que no se extiende a los trabajadores por cuenta propia, quienes deberán cesar de inmediato cualquier operación en ese sector. Esta extensión, sin justificación oficial, refuerza la brecha entre diferentes formas de gestión privada en la isla.
La disposición, que deriva de la Resolución 56 del Ministerio del Comercio Interior, prohíbe a los actores no estatales dedicarse al comercio mayorista a menos que actúen como productores bajo la tutela del Estado. Aunque las mipymes también enfrentaban una fecha límite para transformar su objeto social, el régimen ha concedido un nuevo margen de seis meses exclusivamente para ellas.
La medida ha generado un aluvión de críticas en redes sociales. Muchos usuarios señalan que el Estado no ha sido capaz de procesar a tiempo las solicitudes de cambio de objeto social de las mipymes, lo que explicaría la prórroga encubierta. Hasta ahora, según datos oficiales, solo seis negocios mixtos entre mipymes y entidades estatales han sido aprobados desde la entrada en vigor de la resolución en diciembre pasado.
En contraste, los cuentapropistas se ven forzados a liquidar sus productos de mayoreo sin contemplaciones, afectando a cientos de pequeños comerciantes que no cuentan con respaldo institucional y que ahora quedan fuera del circuito formal.
El malestar también se extiende a sectores académicos y empresariales. El economista Pedro Monreal ha calificado la resolución como un mecanismo para “asfixiar al sector privado” y convertirlo en cliente cautivo de una red de empresas estatales ineficientes y sin divisas. La medida, advirtió, “despoja a los actores privados de su mercado natural mientras oxigena artificialmente al aparato estatal”.
1/3 A falta de aclaración oficial, parecería que el gobierno cubano ha presentado datos discordantes en el reciente informe sobre el sistema empresarial. Tres tablas del informe muestran cifras distintas sobre el número de entidades del sector empresarial y de empresas estatales pic.twitter.com/EWrUJFf4eq
— Pedro Monreal (@pmmonreal) March 31, 2025
La opinión pública tampoco ha sido benévola. Lectores en Cubadebate exigen no solo la eliminación del aplazamiento, sino la derogación total de la ley, por considerarla una barrera absurda a la libre empresa y una distorsión que profundiza el desabastecimiento y la inflación.
Algunos señalan incluso el resurgimiento del mercado negro como consecuencia directa de estas políticas. “Todavía hay privados haciendo comercio mayorista ilegal porque el sistema no les da otra opción”, denunció un internauta, llamando a un cambio de modelo monetario y al decomiso de capitales no declarados.
Desde la entrada en vigor de la resolución, el impacto ya se siente en cifras: por primera vez desde su aprobación en 2021, el número de mipymes registradas ha disminuido. Entre septiembre y diciembre de 2024, la isla perdió 222 empresas privadas, según datos de la ONEI.
La narrativa oficial habla de “ordenamiento” y “perfeccionamiento”, pero la realidad apunta hacia un proceso sostenido de acoso estatal al emprendimiento privado, justo cuando la economía cubana atraviesa su crisis más profunda en décadas.
Con estas medidas, el régimen reafirma su estrategia de control absoluto sobre los circuitos económicos, relegando a los actores independientes a una economía de subsistencia o directamente a la clandestinidad, mientras abre la puerta a capitales extranjeros con privilegios que los nacionales no pueden ni soñar.
