En un hecho sin precedentes en Asia, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Manila y trasladado de inmediato a los Países Bajos para comparecer ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. La detención, ejecutada por la policía filipina, responde a una orden de arresto emitida por la Interpol, que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por la brutal campaña antidrogas que dirigió durante su mandato.
El presidente Ferdinand Marcos Jr. confirmó la detención y extradición de Duterte, argumentando que Filipinas, como miembro de Interpol, debía cumplir con el requerimiento internacional. Sin embargo, la decisión ha desatado un fuerte debate en el país, con su hija, la actual vicepresidenta Sara Duterte, denunciando el arresto como una afrenta a la soberanía nacional.
El expresidente, de 79 años, fue visto caminando con un bastón antes de abordar el avión que lo llevó a Europa. En un video difundido por su hija menor, Veronica Duterte, se le ve airado exigiendo a las autoridades una justificación legal para su detención, mientras sus abogados intentaban bloquear su extradición a través de la Corte Suprema de Filipinas.
Duterte gobernó Filipinas entre 2016 y 2022 con mano de hierro, implementando una guerra contra las drogas que, según organizaciones de derechos humanos, dejó un saldo de hasta 30.000 muertos en ejecuciones extrajudiciales. Aunque la policía nacional reconoce poco más de 6.000 víctimas, la Corte Penal Internacional sostiene que hubo un ataque “generalizado y sistemático” contra la población, lo que justifica los cargos en su contra.
El arresto de Duterte generó celebraciones entre familiares de víctimas de la represión, quienes llevaban años exigiendo justicia. “Esperamos que los altos mandos policiales y oficiales implicados también enfrenten la justicia”, declaró Randy delos Santos, cuyo sobrino fue ejecutado en una redada en 2017.
El gobierno de Duterte intentó frenar la investigación de la CPI al retirar a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, pero la corte internacional dictaminó en 2023 que el proceso podía continuar. Ahora, la comunidad internacional observa con atención el juicio de uno de los líderes más polémicos de Asia en las últimas décadas.