La Administración Trump ordenó este 3 de abril la suspensión inmediata del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para inmigrantes beneficiados con el parole humanitario, afectando directamente a más de 300 mil cubanos y haitianos en Estados Unidos.
La medida, anunciada por el Departamento de Agricultura, instruye a todas las agencias estatales a retirar los cupones de alimentos (food stamps) a partir del 24 de abril de 2025 a quienes aún mantengan el estatus CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela). Solo quienes logren cambiar su estatus migratorio a uno elegible podrán conservar la ayuda.
Esta decisión forma parte del endurecimiento migratorio impulsado por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder, dentro de un marco de cierres fronterizos y deportaciones masivas. Las autoridades han advertido que solo quedarán exentos aquellos que hayan solicitado asilo, TPS, visados especiales o procesos de reunificación familiar.
En el caso específico de los cubanos, la incertidumbre crece. Aunque la Ley de Ajuste Cubano ofrece una vía legal hacia la residencia permanente, quienes aún no cumplen un año en el país se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Se estima que unos 26 000 cubanos entraron después de marzo de 2024 y aún no califican para regularizarse bajo esta legislación.
Pese a la cancelación del SNAP, los cubanos y haitianos mantienen respaldo legal en virtud de leyes federales como la Ley de Ayuda a Refugiados (1980) y la Ley de Responsabilidad Personal (1996), que les permiten recibir asistencia temporal en alimentación, salud y empleo. No obstante, estas protecciones están siendo ignoradas por la reciente directiva.
El abogado de inmigración Willy Allen advierte que el mayor problema no es la ayuda alimentaria, sino la cancelación de permisos de trabajo. A su vez, señala que existen dos demandas federales activas contra el Departamento de Seguridad Nacional que podrían paralizar tanto la revocación del parole como las restricciones a los beneficios sociales.
La comunidad cubana en EE.UU. enfrenta una nueva etapa de desamparo institucional, en medio de una política migratoria cada vez más agresiva, que deja a miles de familias expuestas a la precariedad, justo cuando huyen de la profunda crisis social y económica en la isla.
La suspensión de los food stamps, lejos de ser un simple ajuste administrativo, representa un golpe directo a la estabilidad de los migrantes que, escapando de dictaduras y conflictos, confiaron en un sistema que ahora les cierra las puertas.