En medio del alarmante aumento del consumo de drogas sintéticas en Cuba, el Tribunal Provincial de Sancti Spíritus dictó esta semana duras condenas contra cinco ciudadanos acusados de integrar una red de compraventa de ‘químico’, un cannabinoide sintético altamente peligroso. Las penas, que oscilan entre los siete y diez años de cárcel, reflejan el intento del régimen de mostrar mano dura ante una crisis social en ascenso.
La noticia, publicada por el diario oficialista Escambray, revela que los condenados —Efrén Arvelio González Cruz, Moisés Enrique Ferrán Peña, Elianis Daniela Olivares López, Leroi Martínez Rignak y Henry Javier Camejo Valer— operaban entre La Habana y Sancti Spíritus. Según la Fiscalía, el grupo comenzó sus actividades ilícitas en noviembre de 2023, adquiriendo el narcótico en el mercado negro de Centro Habana para su posterior distribución.
El producto traficado, conocido popularmente como ‘químico’ o ‘bomba’, es una droga sintética derivada del MDMB, con efectos similares al THC de la marihuana, pero mucho más agresivos y potencialmente letales. A pesar de su reciente popularización en la Isla, las autoridades tenían conocimiento de su existencia desde hace más de un año, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia de la supuesta política de “tolerancia cero” del régimen.
Olivares López y Martínez Rignak distribuían la droga en la barriada espirituana de Kilo 12 a un precio de entre 14.000 y 15.000 pesos por gramo, cifras que evidencian el lucrativo negocio del narcomenudeo en un país sumido en la peor crisis económica de su historia reciente. En junio de 2024, Olivares fue detenida en un operativo policial tras regresar de La Habana con casi dos kilos del estupefaciente, siendo arrestada junto a Camejo Valera, quien esperaba para recibir la mercancía.
Los cinco fueron hallados culpables de delitos relacionados con “drogas ilícitas o sustancias de efectos similares” y condenados a duras penas: diez años para Ferrán Peña, nueve para González Cruz, ocho para Martínez Rignak y Camejo Valera, y siete para Olivares López. También se ordenó el decomiso de sus teléfonos móviles.
El juicio fue calificado por Escambray como «ejemplarizante», en el marco de una ofensiva propagandística del régimen para mostrar supuestos avances en el “enfrentamiento al fenómeno”. Sin embargo, detrás de la retórica oficial, se esconde una realidad más compleja: la proliferación del consumo de drogas en una sociedad desesperada, sin oportunidades y bajo un sistema de control que criminaliza más a los pobres que a las verdaderas redes delictivas.
Un reportaje reciente del noticiero de la Televisión Cubana alertó sobre el incremento de las llamadas “mulas ciegas”, personas que transportan drogas sin saberlo, al alquilar espacio en su equipaje a agencias que les pagan por llevar paquetes sellados. Según el personal de la Aduana del Aeropuerto Internacional José Martí, esta práctica ha derivado en numerosos arrestos de viajeros que terminan en prisión por sustancias que ni sabían que portaban.
El régimen insiste en responsabilizar a los consumidores y pequeños distribuidores mientras evade una discusión profunda sobre las causas del fenómeno: el desamparo juvenil, la crisis económica sin precedentes y la falta de libertades que empujan a miles de cubanos a ver en el narcotráfico una vía de escape.
La droga ocupada fue destruida, según el procedimiento habitual, pero el verdadero problema continúa creciendo entre las grietas de un país colapsado.
