La relación entre Elon Musk y Donald Trump, otrora aliados estratégicos en la Casa Blanca, ha colapsado estrepitosamente. El enfrentamiento estalló esta semana tras la aprobación en la Cámara de Representantes del llamado Big Beautiful Bill, el ambicioso plan fiscal de Trump que promete extender exenciones tributarias mientras dispara el déficit federal.
Musk, quien se convirtió en uno de los principales donantes del Partido Republicano en 2024, atacó duramente la medida y aseguró que “sin mí, Trump habría perdido las elecciones”, atribuyéndose el giro electoral que permitió a los republicanos retomar el control del Congreso. “¡Qué ingratitud!”, sentenció el magnate desde su plataforma X.
Trump, visiblemente molesto, replicó desde el Despacho Oval: “Elon sabía todo sobre este proyecto. No tuvo problema alguno hasta que se tocaron los subsidios a los autos eléctricos”. Según el presidente, la furia de Musk responde a los recortes que impactan directamente a Tesla.
Pero Musk contraatacó: “El proyecto de ley nunca me fue mostrado. Fue aprobado en la oscuridad. Nadie tuvo tiempo de leerlo”. Calificó la legislación como una “abominación” y llegó a sugerir la creación de un nuevo partido político que represente al “80% de los estadounidenses que están en el medio”.
La disputa se intensificó con amenazas cruzadas. Trump insinuó que podría cancelar los subsidios y contratos gubernamentales que benefician a las empresas de Musk, valorados en más de 38 mil millones de dólares según datos de The Washington Post. En respuesta, Musk lanzó una bomba aún mayor: acusó a Trump de estar implicado en los archivos de Jeffrey Epstein, aunque sin aportar pruebas.

El desencuentro no solo ha conmocionado al Partido Republicano, sino también al mercado. Las acciones de Tesla cayeron un 14% tras la escalada verbal, mientras que la criptomoneda vinculada a Trump también se desplomó. Inversionistas y congresistas se muestran divididos: algunos respaldan a Musk, otros lo acusan de actuar de forma irresponsable.
En el Capitolio, el proyecto fiscal aún enfrenta obstáculos. El Congreso está dividido y sectores moderados dudan del impacto a largo plazo de la propuesta, que según la Oficina Presupuestaria del Congreso costará más de 3 billones de dólares en la próxima década.
Lo que comenzó como una alianza política poderosa ha derivado en una pelea pública sin precedentes, con consecuencias que podrían redefinir el equilibrio de poder en Washington y el futuro del sector tecnológico.

