La administración Trump ha detenido discretamente el procesamiento de solicitudes de residencia permanente (green cards) presentadas por inmigrantes con estatus de refugiados o asilados, incluso aquellos que ya habían sido aprobados. La medida, que no fue anunciada públicamente, fue revelada por CBS News y forma parte de una política más amplia de endurecimiento del control migratorio legal bajo el argumento de reforzar los procesos de verificación.
Según fuentes consultadas por el medio estadounidense, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ordenó a sus funcionarios suspender temporalmente la tramitación de estos casos, a la espera de nuevos procedimientos de revisión que buscan detectar posibles riesgos de fraude, seguridad pública o amenazas a la seguridad nacional.
Los afectados son personas que ya habían demostrado enfrentar persecución en sus países de origen por motivos como ideología política, raza o religión, y que superaron largos y rigurosos procesos de revisión médica y antecedentes antes de ser admitidos legalmente en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a CBS News la veracidad del reporte y justificó la medida como una respuesta a dos órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump. Una de ellas exige a las agencias federales «verificar y examinar al máximo nivel posible a todos los extranjeros que busquen ingresar o ya estén en Estados Unidos».
La otra proclama permite al Departamento de Estado designar como organizaciones terroristas extranjeras a bandas criminales como Tren de Aragua y cárteles mexicanos.
Este nuevo freno al proceso de ajuste de estatus se suma a una serie de decisiones adoptadas recientemente por Trump para restringir la inmigración legal, incluyendo la suspensión de programas de parole humanitario implementados bajo la administración Biden para inmigrantes de América Latina y Ucrania.
Además, el gobierno republicano ha anunciado que obligará a más de medio millón de migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a abandonar voluntariamente el país en un plazo de 30 días o enfrentarán deportación. A criterio de los funcionarios, estos migrantes fueron “insuficientemente verificados” durante el gobierno anterior.
Otra medida polémica es la ampliación de la vigilancia sobre las redes sociales de los solicitantes de beneficios migratorios, incluyendo ciudadanía, asilo y residencia permanente. Ahora, deberán entregar sus cuentas o «handles» como parte de los procedimientos de evaluación de identidad y seguridad nacional.
Con estas acciones, la administración Trump refuerza su enfoque de mano dura contra la inmigración, afectando a miles de personas que buscan establecerse legalmente en Estados Unidos tras huir de situaciones extremas en sus países de origen.
