En un giro alarmante, la Administración de Donald Trump está recurriendo a estrategias encubiertas para debilitar el parole humanitario concedido a más de 500,000 migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Esto ocurre pese a una reciente orden judicial federal que suspendió temporalmente la revocación masiva de este beneficio migratorio.
El medio The New York Times reveló que el Seguro Social está colaborando con las autoridades migratorias, incorporando a miles de migrantes beneficiarios del parole en el llamado “archivo maestro de defunción”, una base de datos destinada a identificar a personas fallecidas para suspender beneficios. Entre los 6.300 nombres añadidos la semana pasada figuran niños y menores de edad, según fuentes cercanas al proceso.
El objetivo de esta maniobra sería forzar a los migrantes a autodeportarse, retirándoles acceso a servicios financieros básicos como cuentas bancarias o ayudas públicas. La reciente propuesta de Trump de ofrecer dinero y pasaje de avión a quienes acepten abandonar el país por voluntad propia refuerza esta estrategia. Elon Musk, actual jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental en el gabinete de Trump, avivó la polémica publicando un video críptico donde cuestiona el poder de la “burocracia” sobre las decisiones del presidente.
De acuerdo con documentos filtrados, el comisionado interino del Seguro Social, Leland Dudek, llegó a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional para compartir direcciones de hasta 98.000 migrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Internamente, Dudek habría escrito que las “vidas financieras” de estos individuos “se terminarán”.
El uso de una institución como el Seguro Social, tradicionalmente destinada a jubilados y personas con discapacidad, como brazo coercitivo en política migratoria, ha generado indignación incluso entre antiguos funcionarios de gobiernos republicanos. “La aplicación de leyes migratorias no es competencia del Seguro Social”, declaró Jason Fichtner, quien ocupó cargos durante la presidencia de George W. Bush.
La Casa Blanca, sin embargo, respalda la estrategia. Su portavoz, Elizabeth Huston, justificó la acción asegurando que se busca “eliminar incentivos económicos” y fomentar la autodeportación. “Si no pueden trabajar ni acceder a servicios, se irán por su cuenta”, comentó al NYT.
Pero expertos advierten que cualquier error en estas listas podría resultar catastrófico para personas inocentes, marcadas falsamente como fallecidas. El excomisario del Seguro Social bajo Biden, Martin O’Malley, no dudó en calificar la medida como un “asesinato financiero”.
Mientras tanto, la jueza Indira Talwani, desde Boston, ha frenado temporalmente la cancelación del parole, considerando que no se han evaluado los casos individualmente. La Casa Blanca guarda silencio ante este revés legal, pero las señales desde dentro del Gobierno apuntan a una política de presión sistemática contra los migrantes.
La situación expone una nueva dimensión de la ofensiva migratoria de Trump, donde instrumentos estatales se están utilizando para eludir decisiones judiciales y crear un clima de miedo e inestabilidad entre los beneficiarios de programas humanitarios. La lucha por el parole no ha terminado, y el futuro de miles de familias sigue en el aire.
